Como consecuencia del desarrollo social y de los cambios económicos acelerados experimentados en Puerto Rico en los años Cuarenta y con el aumento en la oferta de bienes y servicios y el aumento del poder adquisitivo, entre otros, surgió la necesidad de una mayor intervención gubernamental para proteger a los consumidores.  De esa forma inicialmente, se estableció la Administración General de Suministros mediante la Ley Número 228 del 12 de mayo de 1942.  A través de esa disposición legal se establecieron precios de bienes y servicios de primera necesidad y facilitó la implantación de mecanismos de defensa de los derechos de los consumidores.

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